La COVID-19 es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que se localizó por vez primera en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan China. El origen era una tipología de neumonía de etiología desconocida, y la gran mayoría de afectados tenían una vinculación con trabajadores del mercado al por mayor de mariscos de la ciudad indicada. La Organización Mundial de la Salud reconoció de forma oficial la situación de pandemia mundial el día 11 de marzo de 2020.
El primero de los casos de esta enfermedad que se diagnosticó en España data del 31 de enero de 2020 en la isla de La Gomera, y el primero de los fallecimientos que se conoció sucedió el 13 de febrero en Valencia. Como consecuencia de la virulencia de esta pandemia de origen prácticamente desconocido y que se propagaba de forma exponencial, el Gobierno de España decretó el estado de alarma con confinamiento estricto de toda la población que entró en vigor el domingo 15 de marzo a las 00:00 h. Esta situación de permanencia obligada en los domicilios y de clausura de todos los negocios que no fueran indispensables comportó que las familias tuviesen que convivir durante tres meses de forma muy intensiva.
Si ya de por sí las relaciones familiares suelen tener una complejidad intrínseca, cuando existe una obligación legal de encierro en los domicilios, las diferencias afloran y las disputas tienden a manifestarse de forma más constante y notoria. Así pues, los padres y madres que tenían hijos con conductas disruptivas consistentes en agredir a los mismos física y/o psicológicamente tuvieron que pasar todo el tiempo de confinamiento soportando situaciones límite, y máxime cuando las estrecheces del hábitat acuciaban juntamente a las limitaciones económicas que se iban acrecentando con un incremento de los datos del desempleo que el Gobierno de España intentaba frenar mediante los ERTE y ayudas a algunos colectivos de autónomos, a cambio de que no cesaran su actividad.
Durante los meses de más duro confinamiento hubo una serie de casos de violencia intrafamiliar ascendiente o violencia filio-parental, en adelante (VFP) que iban apareciendo en los diferentes medios de comunicación, a cuál más escandaloso.
Al cesar la medida de confinamiento muchos padres y madres acudieron a especialistas de diversas disciplinas para pedir ayuda, y las denuncias por malos tratos en este ámbito ascendieron de forma considerable, como demuestran algunos incipientes estudios.
Ahora, una vez tenemos la perspectiva del tiempo, podemos ya conocer si la VFP se incrementó en 2020 a raíz del confinamiento y las prohibiciones más estrictas que hubo durante el estado de alarma.
Si acudimos a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2021, con datos de 2020 encontramos lo siguiente:
«Al inicio del estado de alarma fue la máxima preocupación, pues se temía un fuerte aumento de la violencia filio parental como consecuencia del obligado confinamiento domiciliario, teniendo en cuenta la dimensión de este problema, que no ha cesado de crecer. En el año 2020 se registraron un total de 4.699 asuntos, descendiendo, por tanto, si se toma como referencia la cifra del año anterior, pues en 2019 fueron 5.055 los procedimientos incoados».
Ello representa un descenso de algo más de un 7%.
¿Quizás la convivencia muy intensa en las familias ha provocado un acercamiento entre padres e hijos?
La citada Memoria sigue indicando:
«… Acudiendo a los informes de las distintas fiscalías se percibe en ellos una disparidad de opiniones, en función de los datos que cada una registra. En la mayoría de las provincias se objetiva una bajada de las causas incoadas. Pero no son pocas las que constatan que el número de asuntos abiertos se mantiene o asciende levemente (Madrid, Las Palmas, Asturias, Valencia, Pontevedra, Bizkaia, etc.)
Si avanzamos en la lectura del documento oficial vemos que se congratula esta institución de que los casos no se hayan disparado a causa de la pandemia:
«… no deja de ser positivo y debe resaltarse que, de modo global, el confinamiento y sus consecuencias no hayan agravado este problema, en contra de las peores predicciones».
Sin embargo, vuelve a aparecer el fenómeno de la “cifra negra” u oculta, que escapa a la investigación, pues en una gran cantidad de casos no se materializa la denuncia.
«Podría pensarse, simplificando la cuestión, que esa bajada se debe a un incremento paralelo de «cifras ocultas», porque dejara de denunciarse un número importante de hechos».
Desde el punto de vista criminológico entendemos que la clave está en buena medida en lo que indican las fiscalías de Lleida, Sevilla y Burgos, pues apuntan a que la VFP las más de las veces tiene su causa en relaciones de los menores violentos con el alcohol y otros tóxicos, “malas juntas”, amén del dislate de horarios que podían tener sin confinamiento. Es decir, que con el confinamiento se incrementaron los controles parentales como derivación de las normas que impuso el Gobierno de España con mando único en todo el territorio durante los tres meses de estricta aplicación del estado de alarma.
Dicho esto, no deja de inquietar un caso que relata esta Memoria de la Fiscalía General del Estado que explica que un menor expedientado, cuando tenía sus ataques de ira golpeaba al perro y al gato domésticos de su madre, pensamos que para descargar su “desbocada” adrenalina.
Por lo demás, dicha Memoria vuelve a repetir casi como un “mantra” que:
«…no queda sino remitirse a las consideraciones de años anteriores, pues es un problema delictivo enquistado en el tejido social desde que comienzan a dispararse sus cifras a partir del año 2005, aproximadamente…».
En una situación tan convulsa como estos “tiempos de la COVID-19” en la que las cifras van y vienen dependiendo de quien procedan, solo nos queda esperar que el tiempo y las investigaciones puedan dar y quitar razones con rigor científico, pues apelando al sentido común, es muy normal que muchos padres/madres, en estricto confinamiento, pudiesen ejercer más horas de padres/madres compartiendo no solo más tiempo con sus hijos, sino más tiempo de verdadera calidad.
Dr. Alfredo Abadías Selma
Vocal de investigación, innovación y desarrollo de SEVIFIP
Leer artículo de Juan José Periago Morant